November 14, 2018

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Demanda colectiva pionera que trata el supuesto “robo de salario” en centros de detención de inmigrantes

NEW MEXICO – Tres hombres que llegaron a Estados Unidos en busca de asilo recibían salarios ilícitos inferiores al mínimo, tan sólo US$1 al día, como parte de un programa de trabajo “voluntario” en el centro donde estaban detenidos, administrado por el centro de detención de propiedad privada y administrado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), de acuerdo con una demanda federal colectiva presentada hoy.  Estos hombres que solicitan asilo son los primeros detenidos civiles por inmigración en presentar demandas federales por robo de salario en contra de un centro de detención con fines de lucro por trabajos desempeñados en situación de detención.   La demanda acusa a CoreCivic, operador del centro, y a la segunda empresa privada más grande de prisiones en el país de infringir la Ley de Normas Laborales Justas (FLSA, por sus siglas en inglés), la Ley de Salario Mínimo de New Mexico (NMMWA, por sus siglas en inglés) y la doctrina de derecho consuetudinario de enriquecimiento ilícito.

Los demandantes, que huyeron de Camerún en 2017 y solicitaron asilo político, fueron detenidos inmediatamente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la frontera con Texas y luego fueron trasladados al Centro Correccional del condado de Cibola en Milan, New Mexico, con audiencias pendientes sobre su estado migratorio.  Ninguno de los hombres fue acusado de delito en Estados Unidos y desde esa fecha a todos se les ha otorgado asilo y autorización para permanecer en el país. CoreCivic es el propietario y operador del centro de Cibola, anteriormente Corrections Corporation of America.

El trabajo desempeñado por los demandantes y sus colegas en el centro de detención es fundamental para las operaciones del centro: Los detenidos inmigrantes preparan y sirven las comidas, limpian el centro, realizan casi todas las tareas de mantenimiento para CoreCivic, prestan servicios de lavandería y se encargan de la biblioteca y la barbería.

“Las personas que solicitan asilo en este país y quienes no han cometido crímenes aquí, como los hombres que han presentado esta demanda, tienen derecho a recibir el salario mínimo por el trabajo que desempeñan para otros”, dijo Joseph M. Sellers, abogado adjunto de los demandantes y socio en Cohen Milstein Sellers & Toll PLLC.   “CoreCivic y el centro que opera, Centro Correccional del condado de Cibola en New Mexico, infringieron la ley federal y estatal porque pagaban a estos hombres y a los miembros del colectivo que representan, tan sólo US$1 al día en lugar de al menos el salario mínimo”. 

Pleitos similares han aplicado demandas estatales de salario y trabajo forzado a estas empresas privadas y otros han aducido infracciones a la Ley de Normas Laborales Justas (FLSA, por sus siglas en inglés) por parte de centros de detención administrados por el gobierno. Los demandantes indican que esta empresa con fines de lucro que opera los centros de detención infringen la FLSA, ya que lucran con su trabajo y les pagan un salario inferior al mínimo.

CoreCivic es propietario y opera centros de detención y prisiones en todo el país, por lo general mediante contratos con el gobierno federal, estatal o local. En 2017, la empresa presentó ganancias por $1,84 mil millones de dólares, donde el 48 % provenía de contratos con organismos federales.

“Estos hombres huyeron de la tortura y la persecución en Camerún y viajaron por Sudamérica y Centroamérica para solicitar asilo en Estados Unidos”, indicó Rebekah Wolf, abogada de New Mexico Immigrant Law Center. “Pero, en el momento de su llegada, fueron detenidos y encerrados como prisioneros en Cibola, que solía ser una prisión de mínima seguridad, donde literalmente viven encerrados, con los mismos guardias que vigilan las mismas unidades penales (con una capacidad para 70 detenidos cada una), en las mismas celdas, las mismas literas, baños, comedores y acceso diario a patios recreativos como prisioneros. El acceso limitado que tenían hacia el mundo exterior consistía en si tenían dinero (dólares) para los teléfonos públicos o cuando se reunían con el abogado de migración que se les asignó antes de ser detenidos”.

“Como miembro de la minoría angloparlante en Camerún, no tenía más opción que abandonar mi país”, dijo Nkemtoh Moses Awombang, esposo y padre que llegó a Estados Unidos en junio de 2017 después de ser torturado por la policía durante meses. “Comencé a trabajar en CoreCivic para tener el dinero suficiente para llamar por teléfono a mi esposa, mi hija y a los huérfanos que mi familia cuida en Camerún. Aunque trabajaba duro, me pagaban muy poco en el programa, US$1 al día y yo consideraba que no era correcta. Vine en busca de seguridad, pero en vez de eso, se han aprovechado de mí”.

“Las almas valientes que dan un paso al frente hoy huyeron de la represión atroz en su país solo para encontrarse con la explotación económica en el nuestro”, dijo R. Andrew Free, otro abogado de los demandantes. “Hay muchos documentos que indican que CoreCivic ha lucrado con el arresto y la detención de inmigrantes vulnerables y de personas que solicitan asilo. El uso del trabajo casi gratuito de personas encerradas en estos centros es esencial para este lucro”.

Los demandantes están representados por Joseph M. Sellers, D. Michael Hancock y Stacy N. Cammarano de Cohen Milstein Sellers & Toll PLLC; Robert S. Libman, Nancy Maldonado, Deanna Pihos, Matthew J. Owens y Ben Blustein de Miner, Barnhill & Galland, P.C.; y R. Andrew Free de Law Offices of R. Andrew Free. 

Acerca de Cohen Milstein

Cohen Milstein Sellers & Toll PLLC es reconocido como uno de los primeros bufetes de abogados en el país que se encarga de litigios importantes y complejos desde la parte demandante. Con más de 90 abogados, Cohen Milstein tiene oficinas en Washington, D.C., Chicago, Ill., New York, N.Y., Palm Beach Gardens, Fla., Philadelphia, Pa. y Raleigh, N.C. Para obtener más información, visite www.cohenmilstein.com o llame al 1-202-408-4600.

Acerca de Miner, Barnhill & Galland

Miner, Barnhill & Galland es un bufete de abogados nacionalmente reconocido de interés público, que se especializa en la representación de demandantes en litigios de derecho civil, conflictos laborales, qui tam y otros litigios complejos.  Miner, Barnhill & Galland tiene oficinas en Chicago, Illinois y Madison, Wisconsin.  Para obtener más información, visite www.lawmbg.com o llame al 1-312-751-1170.

Acerca de Law Office of R. Andrew Free

El despacho legal de R. Andrew Free es una empresa nueva en Nashville que se especializa en litigios de justicia social y se centran en asegurar, defender y fomentar los derechos y las libertades civiles de los inmigrantes, las comunidades de inmigrantes y los movimientos inmigrantes en el sureste de Estados Unidos y el todo el país. 

Acerca de New Mexico Law Immigrant Law Center

New Mexico Immigrant Law Center tiene oficinas en Albuquerque y Santa Fe y ofrece servicios para la comunidad de inmigrantes, lo que incluye a personas detenidas, en todo el estado. Su misión es fomentar la justicia y la equidad mediamente el empoderamiento de las comunidades de inmigrantes de bajos recursos y servicios jurídicos, defensa y educación en conjunto.

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